Documentos obtenidos revelan años de condiciones insalubres en Centro de Detención del Noroeste

Más de 100 personas participaron en una huelga de hambre la semana pasada en el Northwest ICE Processing Center o Centro de Procesamiento de ICE del Noroeste en Tacoma, conocido coloquialmente como Centro de Detención del Noroeste.

La huelga terminó el 5 de febrero después de cuatro días; según La Resistencia, un grupo que busca la abolición de la detención de inmigrantes.

Maru Mora-Villalpando, de La Resistencia, dijo que el empeoramiento de las condiciones, incluido el retraso en las comidas, el aumento de los precios de la tienda para los detenidos y la suciedad de la ropa y los espacios de vida, impulsaron la huelga.

“Sabíamos que esto ocurriría tarde o temprano porque las cosas siguen empeorando en el centro de detención”, dijo Mora-Villalpando.

Tanto Mora-Villalpando como Katherine Niall, de Advocates for Immigrants in Detention Northwest (Defensores de los Inmigrantes en Detención Noroeste), otra organización sin ánimo de lucro que ayuda a los detenidos y ex detenidos en el Centro de Detención del Noroeste, dijeron que les habían informado que se había lanzado gas pimienta dentro del centro. Fuentes internas del centro afirmaron que los funcionarios tomaron represalias contra los huelguistas de hambre.

Los huelguistas pedían mejoras en la limpieza, incluidas ropa y ropa de cama, y un mejor tratamiento médico. Estas reclamaciones son algunas de las que ya habían expresado otros presos en una previa huelga de hambre en el centro de detención.

El Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Washington obtuvo recientemente correspondencia entre funcionarios del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE en inglés) que describen cuestiones similares que se remontan a 2018.

El Centro de Derechos Humanos obtuvo estos documentos a través de una solicitud de la Ley de Libertad de Información (FOIA) y una demanda posterior, y publicó un resumen de los hallazgos la semana pasada.

GEO Group es una empresa privada propietaria y operadora del Centro de Procesamiento de ICE en el Noroeste. En los correos electrónicos obtenidos, los funcionarios de ICE mencionan el deber de GEO de cumplir sus obligaciones contractuales en cuanto a las condiciones higiénicas de las instalaciones.

“Una de las principales demandas de los huelguistas de hambre gira en torno a la limpieza”, dijo Angelina Godoy, directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Washington. “No es una reclamación nueva. Se ha hecho durante años, y estos correos electrónicos muestran específicamente que también es una demanda de los empleados de ICE que trabajan dentro de las instalaciones”.

Los correos electrónicos detallan una serie de problemas de saneamiento en el Centro de Detención del Noroeste, como canecas llenas de basura y baños insalubres. Los empleados de ICE señalaron la falta de servicios de limpieza y se preguntaron si era necesario ponerse en contacto con el departamento de salud local para motivar a GEO a cumplir.

Según Godoy, ICE ya había negado anteriormente problemas de salubridad en el Centro de Detención del Noroeste. Estos documentos dan credibilidad adicional a lo que las personas que estaban o están detenidas allí han estado informando durante años, dijo Godoy.

“Todo este tiempo, cuando la gente que está detenida ha estado diciendo que la limpieza es un problema dentro de la instalación, ICE y GEO han mantenido esta postura pública: ‘No, esta es una instalación de primera clase, está sujeta a los más altos estándares'”, dijo Godoy.

Entre bastidores, Godoy dijo que ICE llevaba tres años quejándose al GEO de las condiciones de limpieza del centro.

Las preocupaciones son específicas de las áreas donde trabajan los empleados de ICE en el Centro de Detención del Noroeste, como la sala de descanso, pero también las instalaciones médicas dentro del edificio, donde los detenidos pueden buscar atención.

Un correo electrónico enviado en mayo de 2019 decía: “Desafortunadamente, no parece que las salas médicas en la admisión [de Salud Mental] se hayan tratado todavía […] También parece que el examen # 4 y la sala de descanso están en muy mal estado para una inspección el martes”.

Las preocupaciones equivalen a un entorno de trabajo insalubre, dijo Godoy.

“Uno sólo puede imaginar lo que eso significa para un entorno en el que alguien vive o busca atención médica”, dijo Godoy.

Si bien las quejas persistieron durante varios años, Godoy dijo que parece que ICE nunca tomó ninguna repercusión contra GEO. En noviembre de 2019, ICE emitió un Informe de Discrepancia de Contrato a GEO por su incumplimiento de los servicios de conserjería, que incluía evidencia de fallas de mantenimiento durante tres años.

El informe amenazaba con descontar el 20% del pago mensual a GEO hasta que se abordara la situación, pero, según Godoy y el Centro de Derechos Humanos, no se tomó tal medida.

Los documentos que el Centro de Derechos Humanos solicitó a través de la FOIA habrían incluido información sobre si ICE había descontado la paga al GEO. Los documentos no lo demuestran, dijo Godoy.

“El hecho de que no haya registros que hablen de ningún tipo de responsabilidad para GEO, a pesar de tres años de problemas de limpieza, sugiere que, de nuevo, se está haciendo muy poco o nada para hacer cumplir los términos del contrato”, dijo Godoy.

GEO había empleado un programa de trabajo voluntario para los detenidos, pero en 2021, un jurado federal dictaminó que la empresa tenía que pagar a los ex detenidos más de 17,3 millones de dólares por concepto de atrasos por no cumplir los requisitos de salario mínimo del programa. Desde entonces, el programa de trabajo acabó y las personas detenidas dijeron que la limpieza ha faltado.

En otro correo electrónico de abril de 2018, el remitente escribió: “Estoy feliz de contactar al departamento de salud si crees que eso hará que GEO proporcione los servicios de conserjería requeridos, que supongo que son parte de nuestro contrato”.

Godoy dijo que el Departamento de Salud del Condado de Tacoma-Pierce ha sido reacio a expresar cualquier jurisdicción sobre el Centro de Detención del Noroeste anteriormente, pero sobre la base de ese correo electrónico, dijo que parece que ICE percibe que podría existir la posibilidad de que el departamento de salud tome la autoridad reguladora y mejore las condiciones.

Una legislación introducida el 20 de enero está tratando de que los departamentos de salud locales tengan la supervisión de las instalaciones privadas.

La Rep. Lillian Ortiz-Self, demócrata del distrito 21, es la principal patrocinadora del proyecto de ley 1470, que fue a audiencia pública en el Comité de la Cámara de Seguridad Comunitaria, Justicia y Reingreso el 7 de febrero.

El proyecto de ley introduce un puñado de enmiendas y adiciones a la ley estatal que rige el funcionamiento de los centros de detención privados. Una de ellas pretende que el departamento de salud del mismo condado en el que esté el centro tenga jurisdicción y derechos de inspección sobre dicho centro e investigue las quejas. El proyecto de ley también establece requisitos mínimos de higiene para los centros de detención privados, como el lavado regular de la ropa y la limpieza y desinfección diaria de los baños.

Refiriéndose al Centro de Detención del Noroeste, en Tacoma, Ortiz-Self dijo que “sigue habiendo numerosos abusos de los que seguimos oyendo hablar, y que no hacen más que empeorar. Este es el momento de decir: ‘Si van a hacer negocios con el estado de Washington para cualquier instalación privada, queremos que se mantengan ciertas normas'”.

Los legisladores han designado al departamento de salud para que se encargue de la supervisión debido a problemas de higiene que van desde la limpieza hasta la comida, pero Ortiz-Self dijo que los legisladores están dispuestos a designar a otras entidades de supervisión si es necesario.

“Sólo queremos asegurarnos de que tenemos organismos estatales con los ojos puestos en este asunto”, dijo Ortiz-Self.

El Estado tiene derecho a establecer normas sobre el funcionamiento de las empresas, independientemente del contratista, dijo Ortiz-Self.

“Así que eso es lo que pretendemos hacer, tenemos derecho a decir que no vamos a permitir que una empresa haga negocios en nuestro estado, y en nuestras fronteras, que siga abusando de la gente”, dijo Ortiz-Self.

El impulso para regular las instalaciones privadas en el estado es en parte una reacción a la decisión del Tribunal del Noveno Circuito de California de anular su legislación que prohíbe la detención privada de inmigrantes en el estado. Los legisladores y defensores de Washington temen que ocurra lo mismo en Washington.

Ortiz-Self dijo que si bien ha habido protestas de la comunidad, la acción legislativa y los grupos de defensa llamando la atención sobre el abuso en curso en el Centro de Detención del Noroeste, todavía le preocupa lo que está pasando a puerta cerrada ya que las denuncias de abuso siguen llegando.

“No sé lo que va a hacer falta para que capten el mensaje de que no hacemos negocios en Washington de esta manera y que valoramos a toda la humanidad”, dijo Ortiz-Self. “Pero vamos a seguir presionando, y creo que nuestras comunidades han dicho: ‘Basta'”.

Actualización, 8 de febrero, 9:30 AM: Tras la publicación del artículo el 7 de febrero, un portavoz de GEO emitió un comunicado rechazando las acusaciones del informe. Ellos escribieron: “También es fundamental señalar, en lo que respecta a la sanidad en el Centro, que el Programa de Trabajo Voluntario fue suspendido por ICE como resultado de un litigio presentado, en parte, por la Oficina del fiscal General del Estado. Mientras ese litigio sigue en apelación, y el programa sigue suspendido, hemos tomado todas las medidas necesarias para garantizar que los niveles de calidad de saneamiento del centro se mantengan de acuerdo con todas las normas federales de saneamiento aplicables, incluidas las Normas Nacionales de Detención Basadas en el Desempeño del Gobierno Federal.”

La versión original en inglés de esta historia fue publicada el 7 de febrero.